Cada cierto tiempo, alguna ley parece amenazar las libertades o el desarrollo tecnológico del paí­s. El caso más sonado fue la famosa LOPD (Ley de Protección de datos), que nos iba a poner a todos con un DNI en la boca y a efectos prácticos ha sido un buen avance que sólo multa a aquellos que se lo merecen.

Sin embargo, hay algunas leyes que merecen el rechazo más absoluto y sí­ pueden significar inseguridad para los que trabajamos en Internet, y sí­ pueden llegar a significar que un organismo dependiente del Ministerio de Cultura pueda cerrar webs sin orden judicial.

Esta ley, incluí­da dentro del Anteproyecto de Ley de Economí­a sostenible (nombre al que mancilla por cierto, ya que las discográficas no van a ser precisamente los negocios más sostenibles), significa además una bofetada para los que también somos creadores de contenidos. Deberí­amos tener los mismos derechos (o decidme por qué el guión de una pelí­cula española debe tener más protección que un blog), pero nosotros no vamos pidiendo cerrar webs sin orden judicial por un organismo afí­n a nosotros.

Al final se trata de evitar que el lobby de creadores “clásicos” tenga su legislación ad-hoc para putear a usuarios y creadores en general.

Más detalles y enlaces en WeblogsSL, donde además hemos publicado el manifiesto en todos nuestros blogs.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economí­a sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.


2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artí­culo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial un organismo dependiente del ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.


3. La nueva legislación creará inseguridad jurí­dica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economí­a, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.


4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberí­an buscar otro modelo.


6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creí­bles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.


7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias polí­ticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.


8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economí­a sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.


10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.